CRÍTICA A LA REFORMA DE LEY DE UNIVERSIDADES

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Reforma de Ley de Universidades
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esde lo más álgido de lo que el repudio puede expresar, transcribo con vergüenza las intenciones de lo que el gobierno venezolano pretende hacer con la ley que rige a las universidades del país. Por fin el totalitarismo añejo de los socialistas y demás resentidos ideológicos ha colocado sus tentáculos en el altar más sagrado que la decencia de un pueblo puede honrar, el cual no es otro que el de la educación.

Desde los antecedentes mismos de la propuesta, la farfullería no se hace esperar, y de lo que debería ser (por lo menos) una propuesta de ley seria, se convierte a partir de su misma introducción en una cháchara política izquierdista, digna de una novela adicional de Vargas Llosa en cuanto a la mentalidad anodina latinoamericana se refiere; y por supuesto, digna también del estilo preferido del representante máximo de la mediocridad y la idiosincrasia del venezolano: Hugo Chávez Frías.

En ella, los gobiernos de la Cuarta República, por supuesto, son los detonantes en la necesidad de reformar las leyes de educación superior, en vista de las múltiples atrocidades que han cometido; olvidándose los comunistoides, quizás adrede, que la Cuarta República concluyó hace más de una década, y que hemos tenido tiempo suficiente para salvaguardar las deficiencias que en verdad le son achacables. Desde las abismales profundidades del resentimiento y la demagogia, brota:

“Consideramos que la política de inclusión social del gobierno debe romper con el concepto de cupo universitario, y crear una política de ingreso universitario, política que a su vez debe despojarse de todo vestigio y/o concepción de mercado, así mismo debe romper con la incompetente excusa administrativa que relaciona o vincula la variable calidad con un bajo número de estudiantes”.

Nada más a tono con el socialismo, con esa igualdad hacia la miseria y con ese masticar de alas de las mariposas por parte de orugas carcomidas por la envidia. Cuando se refieren a los “vestigios del mercado”, probablemente mascullan mentalmente el hecho, la cruda realidad, de que no hay suficientes universidades para todos los egresados de la educación diversificada. Por simple “oferta y demanda” (términos que probablemente tildan peyorativamente de capitalistas pero que no por eso dejan de ser ciertos) los cupos de universidades son otorgados a los capaces, es decir, a los que poseen el nivel para poder ingresar. Es el mérito el valor fundamental que filtra a los que tendrán la oportunidad o no de sentarse en un pupitre universitario.

¿Pero es de acaso sorprender que esta petición sea de esa naturaleza, cuando el mérito ha quedado pintado de gris, sin valor, en todos los movimientos de este gobierno? ¿Qué opinión le vale el mérito al Ministro de Educación Superior, Edgar Ramírez? ¿Es meritorio que la magistratura de la educación intente ser honrada por un militar?

Y por supuesto que es evidente, y aseguraría que hasta los militares lo entienden (¡arriesgando no poco!), que un aula repleta de alumnos deriva en la mala calidad educativa. Basta un contra ejemplo, es decir, observar cómo la figura de un profesor particular, adaptado a las inquietudes de un único alumno, es el que provee la mejor calidad en la transmisión de la enseñanza. El presuponer que la cantidad de alumnos no merma la educación también es una reflexión “lógica” parte de esa entusiasta y envidiosa regla socialista del “todos somos iguales”, del querer homogeneizar los gustos, aptitudes e intereses de cada individuo en una sola amalgama, que obviamente y de paso, ha de complacer al Estado.

¿Cuál es la solución evidente para solventar la “difícil” tarea de brindarle educación superior a todos? Pues aumentar los niveles de calidad de la educación básica y ciclo diversificado. No obstante, no hay que olvidar el talante predominantemente mediocre de los organizadores de este bochorno académico, que busca, a pesar de la solución obvia, un hacinamiento de las universidades. Muy bien, hagámosles entrar a la universidad, sin prueba interna ni cupos “heredados del libre mercado”. ¿Se habrán preguntado qué pasaría una vez que entren? ¿Pensarán acaso que los profesores universitarios, que son todos educadores de corazón (puesto que su salario es miserable), bajarán el nivel de exigencia a favor de una plebe inculta y sin ánimos de ascender laboriosamente? Cualquier educador que se precie de serlo, justamente educará; y lo hará como es debido, con la limpieza estudiantil requerida que el nivel de la educación superior amerita.

Mi lenguaje se torna visceral, o mejor dicho, no tiene denuedos en expresar mi absoluta desazón, descrédito y repugnancia ante esta legislación proveniente de saltimbanquis, bufones y arlequines rojos. Y es que no es para menos, pues ante este majestuoso bosquejo de proyecto educativo, se puede saber que:

“…debe también garantizarse las condiciones de la igualdad para el ejercicio del desarrollo de la inteligencia y conocimiento, es decir ADSESO a la bibliografía, salones…”

además de la ya común necrofilia histórica que caracteriza el parapeto gobernante, esta vez mal citando al maestro Simón Rodríguez diciendo

“Inventamos o HERRAMOS”.

No he exagerado cuando tildo de espíritus pobres y burlones a los que se encuentran detrás de esta mofa de mal gusto. En verdad merecen estar condenados a herrar el resto de sus vidas, pues errando garrafalmente ya están. Pero eso es solo el principio.

La democracia, ya lo había dicho Platón hace 2500 años, es el eslabón por excelencia para el ascenso de los tiranos. Todo aquel que pretenda hacerse de un poder centralizador que se desparrame de las fronteras de su incumbencia, no tiene más que, o bien apelar a la fuerza, o mejor aún, apelar a los dogmas democráticos utilizando un pueblo no estudiado como herramienta. Las fauces chavistas, cual bocas de jarro, no se fatigan de proferir una y otra vez las palabras “pueblo”, “igualdad” y “democracia”, tal cual como todos los tiranos en la historia lo han hecho. Y ahora con esta propuesta de ley una vez más, lamentablemente, la historia vuelve a repetirse.

Explica el documento que en aras de una democratización de los procesos universitarios, ahora los alumnos, profesores, personal administrativo y obreros participarán con un peso equivalente en las decisiones. Debo decir que existe y siempre existirá una gran estima por los trabajadores administrativos y por el personal obrero de las universidades: su valía es indiscutible. No obstante, no sería democrático, sino más bien oclocrático, que personas ajenas a la esencia del ámbito académico tomarán decisiones que, respetuosamente, no les corresponden y se escapan por completo de la esfera de su competencia. Cabe recordar que en un país decente y serio cada quien va a lo suyo, y se le respeta por su experticia en el oficio respectivo. En un país que no es decente ni serio, un teniente coronel puede ser presidente de la república y algunos militares ser ministros de economía, energía eléctrica y salud. Las consecuencias ya las conoce el mundo.

Perteneciente a las oclocracias es también el perseguir que un supuesto “poder popular” y las juntas comunales –figuras que no aparecen en la Constitución, dicho sea de paso- posean ingerencia en los asuntos estratégicos de las universidades. De nuevo: ¿por qué el sacrificio de la eficiencia en función de la demagogia? ¿Por qué el no entender que la competencia, el mérito y el respeto profesional se ven ultrajados por ese “parejerismo” venezolano que nos ha hecho tanto daño? No es la igualdad la que constituye la justificación moral de este procedimiento, es el resentimiento más rancio el que nubla toda razón, y por tanto toda fundamentación lógica acerca de cómo efectuar los procedimientos.

De la misma manera en que no da igual que un músico planifique edificios, o que un historiador sea profesorEl ámbito educativo se pretende manejar por personas no educadas. de una cátedra de cálculo; no es equivalente que una persona, por muy respetable que sea y por más preñada de buenas intenciones que esté, se dedique a un oficio que no le es propio. Es una simple cuestión de eficiencia, incumbencia y mérito. ¿O es que el tan sacralizado pueblo permitiría, por ejemplo, ser objeto de operaciones quirúrgicas por parte de un policía en vez de un médico? ¿Cómo sería lícito permitir entonces que una cofradía de gente no preparada intervenga directamente en la gerencia, planificación y administración de las universidades? ¿Cómo permitir, con cordura, que esta misma gente indique cuál deba ser el rumbo de la investigación científica y humanista? ¿No es vergonzosamente paradójico que gente sin educación se dedique a los menesteres de la educación?

Una evidente inversión de los valores se hace patente con las fruslerías, con ese hablar con la boca llena, cuando se menciona una defensa legítima de la autonomía universitaria; en donde ahora, según los rojos, la debilidad de la misma estaría de forma interna y no externa como es evidente. ¿Cómo se demuestra que esta tesis es falsa? Con la lectura de la reforma en cuestión, al ver la magnanimidad que se le pretende dar al ministro de educación acerca del manejo de las universidades, con ese grosero número de atribuciones, con esa intervención arbitraria por parte del Estado, escudada en estratagemas de una muy novedosa idea de democratización del totalitarismo; “pues yo, el Estado, soy el pueblo, y el pueblo manda y sabe lo que quiere el pueblo”. Así rumian las entrañas de los huevos de basilisco.

¿Qué es lo que se quiere entonces con esta ley? O una pregunta más apropiada sería: ¿Qué sería mejor evaluar en nuestro sistema educativo? Ante las “soluciones” impregnadas en un sopor de idiotez, tales como

• No querer desvincular nunca la docencia de la investigación y demás responsabilidades que los profesores tienen a cuestas, mermando la calidad de una y otra circunstancia. (Albert Einstein tenía la libertad de dedicarse únicamente a investigar, por cierto. El resultado de ello es patente).

• Llamar a las universidades privadas, universidades de “iniciativa social”, en no sólo una apología a la imbecilidad al adorar las formas, sino contaminando con esputo socialista, ya no de forma sutil, toda legislación y concepto simbólico. La misión final, es evidente, resultará en fundir el Estado y el Gobierno en un mal formado engendro comunistoide venezolano, fabricando la impresión de que no es posible dividirlo. Es pocas palabras, una Venezuela sin socialismo no sería ya Venezuela.

• Establecer una hipócrita doble moral de la igualdad al querer conformar el CNU por todos los rectores de las universidades públicas y privadas, pero sólo permitiéndole voto a un único rector que represente a todas las privadas, versus el voto individual de cada uno de los rectores de las universidades públicas.

• La limitación de la ayudantía docente, mermando el beneficio de miles de recién egresados y estudiantes de postgrado.

• El control absoluto por parte del Estado de los ingresos propios de las universidades, como si no fuera suficiente con el pésimo aporte de recursos que éste hace hacia las mismas.

• La infame eliminación de las actividades de extensión y cursos paralelos educativos que realizan las universidades, estancando aún más, mucho más, el desarrollo intelectual, técnico y científico del país.

se encuentran las oscuras realidades educativas al son de hoy, tan estrepitosas como la inseguridad y criminalidad misma (y de hecho directamente relacionadas). Estas realidades son, por ejemplo:

• Que existan más científicos venezolanos en el extranjero que en la misma Venezuela. Sólo en Estados Unidos hay 9 mil científicos venezolanos, en comparación con los 6 mil científicos radicados en el país.

• Que la iniciativa creativa ha disminuido tanto que ya no tenemos patentes registradas desde hace 6 años. La última patente internacional fue hecha en el 2004 y fue la única en ese año.

• Que la evidencia de que los izquierdismos rancios no funcionan es la implementación de la fuerza para que se lleven a cabo. Esta reforma de leyes universitarias no es más que una legislación artificial edificada sobre otras legislaciones artificiales, contrarias a la naturaleza misma del hombre y de las sociedades. El principio que reza que mientras más leyes existan, más sintético, anti-natura y fuera de lugar es la ideología del gobierno de turno, es una certeza que ahora nos resulta evidente.

• Que este parapeto legislativo haya sido ensamblado en la clandestinidad, haciéndolo público sólo momentos antes de su segura aprobación. Ciertamente concuerda el procedimiento con los pensamientos de los apologistas de la mentira, los amantes de los resquicios, los abogados del egoísmo y del resentimiento; con todo lo mísero que se encuentra incubado por los gusanos de la envidia: los comunistas.

• Que las universidades hayan cancelado sus suscripciones a las revistas internacionales por falta de recursos, en franca posición de atraso en cuanto a las investigaciones.

• Que los salarios de los docentes venezolanos sean una miseria, tanto, que su sueldo es el más bajo de toda Latinoamérica en dicha competencia laboral.

• Que se promueva la creación de institutos y universidades paralelas y politizadas, con la consecuencia de hacer brotar bruscamente de ellas, y sin la preparación suficiente, a profesionales igualmente paralelos y politizados. Esto en aras de llenar estadísticas con cantidad y no con calidad, para luego argumentar democracias en donde lo que hay son desparpajos totalitaristas.

¿Quién puede creer ya en una Venezuela democrática? ¿Quién puede tener fe ya de alguna nimia transparencia del proceder del gobierno venezolano? Cuando se toca e interfiere con lo más sagrado de una sociedad, que es la educación, cuando se trivializa, se ofusca, se enajena y envenena, arguyendo para hacerlo ideologías ya harto superadas; cuando es una élite ignorante e incapaz la que maneja el poder para, irónicamente, hacer del ámbito educativo una nueva marioneta, ¿qué más se puede esperar?

Sólo les queda a los seres racionales, educados, espontáneamente altruistas y generosos, pensantes y escasos, regirse por el artículo 350 de la constitución venezolana; a todas luces simbólico, pero legítimo:

Artículo 350. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos.

Desconoceré, en consecuenicia y como legítimo derecho, la Reforma de Ley de Universidades.

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